Pronunciamiento
México D.F. a 7 de Noviembre de 2012.- El día de ayer compañeras y compañeros, familiares de personas desaparecidas en varias entidades del país, iniciaron un plantón por escalas frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la ciudad de México para exigir ser escuchadas y atendidas tanto por autoridades federales como por autoridades de las entidades donde ocurrieron las desapariciones.
Durante los últimos dos años hemos visto en México diversas acciones de familiares y organizaciones de la sociedad civil –entre ellas el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)– frente a la situación de emergencia nacional que estamos viviendo. Todas estas acciones han incluido desde el diálogo, mesas de trabajo, propuestas de ley, investigaciones de los casos, hasta movilizaciones y denuncias públicas.
El asesinato, la desaparición y el desplazamiento son las causas de que familiares busquen diversos mecanismos de denuncia para exigir justicia y emplazar al Estado mexicano a dar respuestas concretas a las víctimas de la violencia ocasionada por la ausencia del estado de derecho y la estrategia de guerra contra las drogas emprendida por el gobierno federal. Las familias que determinaron desde ayer llevar a cabo un plantón por escalas -afuera de SEGOB- como una forma de manifestación pacífica y de búsqueda de justicia, esta acción se da en el marco del cierre del sexenio y de la urgente necesidad de exigir justicia frente a los pocos resultados de las autoridades ante el dramático fenómeno de las desapariciones de seres humanos.
Junto a las demandantes, desde el MPJD exhortamos al secretario de gobernación para que a la brevedad sean atendidas y escuchadas estas legítimas demandas de las madres y familiares de desaparecidos en nuestro país; igualmente hacemos votos por la integridad física de las compañeras y responsabilizamos a las autoridades de su cabal salud. Desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad consideramos que esta manifestación frente a la Secretaría de Gobernación es consecuencia de la negativa del gobierno a atender integralmente los problemas que enfrentan las víctimas, y que se expresa en el veto del presidente Felipe Calderón a la Ley de Víctimas y en la manifiesta incapacidad mostrada por una Procuraduría de Atención a Víctimas mal integrada, sin recursos ni capacidad técnica suficiente.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación tiene el deber de escuchar y atender, como una de sus últimas tareas al final de este sexenio, los reclamos legítimos y pertinentes de las madres y familiares de desaparecidos, víctimas entre decenas de miles de mexicanos de una violencia generalizada que el gobierno no ha sabido contener y que es consecuencia de las decisiones erróneas que ha asumido.
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
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