Informe presentado por el MPJD ante la CIDH en la audiencia: Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en México

Presentado por
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, CENCOS & SERAPAZ
Resumen Ejecutivo

Washington D.C., 27 de octubre de 2011.- (i) El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (en adelante MPJD) nació tan solo hace siete meses, el 28 de Marzo de 2011, luego del asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia, en Temixco, Morelos. Este acto fue el límite para muchos mexicanos, quienes han experimentado niveles de violencia sin precedentes en los últimos cinco años: más de 50, 000 muertos y 10, 000 desaparecidos. La indignación por la situación de violencia generalizada en México ha encontrado causa en el MPJD – un movimiento nacional de víctimas y ciudadanos determinados a conseguir una paz con justicia y dignidad. Los integrantes del MPJD creemos que la situación de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la impunidad generalizada de que gozan los perpetradores de la violencia han creado una verdadera emergencia nacional.

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(ii) El Documento pretende (1) resumir las acciones del MPJD; (2) presentar el contexto de la seguridad ciudadana en México; (3) abordar el derecho de las víctimas y las obligaciones del Estado Mexicano de cara al Sistema Interamericano; (4) hacer un recuento de las demandas del MPJD al Estado Mexicano, y (5) presentar casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos que el movimiento ha documentado y a los cuales da seguimiento.

Introducción al MPJD:

(iii)) El MPJD concuerda con el Pacto Nacional del 8 de Mayo de 2011, que consiste en seis demandas al Estado. Estas demandas fueron presentadas al Presidente Calderón el 23 de Junio. Una segunda reunión con el Presidente tuvo lugar el 14 de Octubre. Muy pocos avances han sido hechos para el cumplimiento de alguna de estas demandas.

1) Documentar y publicar los nombres de las víctimas de homicidio y desaparición.

2) Poner fin a la estrategia de guerra y reemplazarla con una estrategia de seguridad ciudadana.

3) Combatir la corrupción y la impunidad.

4) Identificar las raíces económicas de la violencia.

5) Dar atención de emergencia a la situación de la juventud y el deteriorado tejidos social del país

6) Democracia participativa

(iv) El MPJD ha realizado dos caravanas nacionales, una hacia el norte en Junio de 2011 y otra hacia el sur en Septiembre, con el propósito de conocer la situación de violencia a través del país, y conocer a las víctimas. Estas caravanas consistieron en unas 400 a 600 personas viajando juntas en autobuses durante una semana aproximadamente por 15 diferentes poblaciones tanto en el norte como en el sur. El objetivo de las caravanas ha sido el de congregar a todos y todas las mexicanas comprometidas con detener la masacre contra la población civil, crear un espacio para que las víctimas compartan sus testimonios y documentar sus casos para poder exigir al Estado mexicano que procure la justicia que hasta ahora ha sido negada, y para comenzar a reparar el daño a las familias que han sufrido de esta violencia generalizada. El movimiento obtiene su fuerza del hecho de que sus miembros son esencialmente víctimas que se han unido por una causa común: paz con justicia y dignidad.

(v) En cada caravana se han documentado casos de violaciones a los derechos humanos: la Caravana del Norte en Junio recibió los testimonios de 291 violaciones en total, 81% de las cuales ocurrieron después de Junio de 2007, 53% de las violaciones son desapariciones o secuestros, y 45% fueron homicidios. En la mayoría de los casos (67%) las víctimas no identifican quien es responsable de la violación. En 21% de los casos, sin embargo, las víctimas creen que el responsable fue el ejército (13%) o la policía (8%). Las víctimas creen que el crimen organizado es responsable en el 4% de estas violaciones. En la Caravana del Sur, en Septiembre, se recibieron 221 casos; 52.5% de los cuales fueron por desaparición frozada, y 13.6% por homicidio (más información sobre los resultados de esta caravana aún están siendo analizados).

Contexto de la Seguridad Ciudadana en México

(vi) A decir del MPJD, para comprender la situación de inseguridad en México, es necesario entender la violencia y marginación estructurales hacia la población mexicana. Esta situación, aunada a la estrategia de seguridad y políticas de militarización del gobierno mexicano, han llevado al incremento de los niveles de violencia afectando primordialmente los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. De acuerdo con esto, el MPJD propone una aproximación que vincule a la seguridad ciudadana con la seguridad humana. Esta aproximación podría proteger a los ciudadanos al tiempo que se respetarían los derechos humanos, reconstruyendo el tejido social y combatiendo a la corrupción e impunidad que prevalecen en el Estado mexicano.

(vii) En el tema de seguridad pública, el MPJD considera que hay tres temas relacionados:

1) El desgarramiento del tejido social que amplios sectores de la población mexicana, particularmente la juventud, están sufriendo como resultado del crimen organizado.

2) La estrategia oficial del gobierno para confrontar al crimen organizado está enfocada prácticamente sólo en una respuesta militar y policiaca. Esta aproximación viola y amenaza el contenido esencial de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los mexicanos.

3) La impunidad y corrupción de las instituciones de gobierno y de muchos actores políticos. En muchos lugares donde la “estrategia de seguridad” del gobierno federal ha sido implementada, ha habido un incremento correspondiente en violencia e inseguridad ciudadanas. Esto ha resultado en alarmantes situaciones de emergencia para la población mexicana, especialmente para los adolecentes, niños, mujeres, familias, personas migrantes y pueblos y comunidades indígenas.

(viii) Debido a estos hechos, el MPJD propone cambiar la actual “estrategia de seguridad” hacia una estrategia de seguridad humana y ciudadana. Esta estrategia holística representa una ruta no sólo para contener la violencia, sino también para identificar las condiciones económicas, sociales y políticas subyacentes que generan la violencia. La propuesta Ley de Seguridad Nacional empeoraría los problemas arriba mencionados al incrementar la impunidad y facilitando una mayor militarización.

(ix) El costo de la Política de Seguridad Nacional contra el Narcotráfico: Desapariciones Forzadas y desplazamientos forzosos

*Las desapariciones forzadas de la mano de actores del crimen organizado y del Estado es un creciente y alarmante problema que está ocurriendo en todo el territorio nacional, aunque particularmente en el norte. En respuesta a esto, surgió FUUNDEM (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México) y en Julio, unos 300 familiares de desaparecidos se reunieron con la Secretaría de Gobernación para presentar sus demandas. FUUNDEM ha documentado casos de desaparición forzada en manos de marinos y la Armada de México, el Ejército Mexicano y las fuerzas policiacas de todos los niveles.

* Desplazamiento forzoso, tanto de forma individual como a escala masiva, ha sido fuertemente invisibilizado a los ojos del Estado y los medios de comunicación. Mientras que hay pocas estadísticas confiables que documenten el fenómeno, la evidencia empírica sugiere que los y las mexicanas están abandonando sus hogares debido a la violencia que enfrentan. Por ejemplo, el censo nacional de 2010 indica que en los estados fronterizos de Tamaulipas y Chihuahua hay cerca de 400, 000 hogares abandonados.

(x) Tres comunidades indígenas (Ostula y Cherán en Michoacán, y comunidades en la región costa y montaña en Guerrero) han organizado sus propias formas de seguridad comunitaria debido a la violencia del crimen organizado y la incapacidad del Estado para protegerlos.

Los derechos de las víctimas y una adecuada reparación del daño

El Estado debería tomar acciones para proteger la seguridad de las víctimas, sus familiares y testigos a su favor. En particular, para las víctimas de la violencia, los estándares internacionales demandan que el Estado debe asegurar que reciban atención especializada, y que el trato que reciban en el sistema de justicia no los revictimice.

(xi) El movimiento basa su definición de “víctima” en la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas del Crimen y de Abusos del Poder de las Naciones Unidas.

“Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

“Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”

Bajo las reformas de 1993 y 2000 al Artículo 20 de la Constitución Mexicana, el derecho de las víctimas ha sido elevado a rango de los derechos garantizados constitucionalmente.

(xii) El MPJD cree que el Estado no ha cumplido del todo con su obligación de respetar los derechos (Art. 1) y ha violado los siguientes derechos: el Derecho a la Personalidad Jurídica (Artículo 3, CADH), el Derecho a la Vida (Artículo 4, CADH); el Derecho a un Trato Humano (Artículo 5, CADH), el Derecho a la Privacidad (Artículo 11); y el Derecho a gozar de Protección Judicial (Artículo 25, CADH).

(xiii) En la gran mayoría de los casos registrados por el MPJD, las víctimas reportan que las autoridades a las cuales reportaron las violaciones no han investigado sus quejas, y que han sido las víctimas por sí mismas las que han investigado los casos y proveído de evidencias, que luego entregan a autoridades de mayor peso. Esto coloca a las víctimas, sus familias y defensores en mayor situación de riesgo.

Demandas del MPJD

(xiv) El Estado debería, de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar el derecho de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye prevenir que se cometan violaciones a los derechos humanos, e investigar y castigar a aquellos responsables de cometerlas. El Estado debería poner fin a la estrategia de guerra, y reemplazarla con una estrategia de seguridad ciudadana.

Específicamente, el MPJD demanda al Estado mexicano:

(xv) Responder de forma inmediata a los casos de desaparición forzada. Para lograr el desarrollo de la capacidad institucional, para conseguirlo, deben ser tomadas las siguientes medidas:

o La creación de una Fiscalía Especializada para la Desaparición de Personas.

o El desarrollo de protocolos de investigación para el seguimiento a casos de desaparición forzada.

o Un cambio en la jurisprudencia Mexicana para clasificar la “desaparición” como un crimen reconocido tanto en leyes estatales como a nivel federal. Bajo esta ley, las autoridades no deben abrir las investigaciones por desaparición luego de 72 horas, tiempo para el que suele ser demasiado tarde.

o La adopción de las recomendaciones preliminares del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada e Involuntaria.

o Debe crearse un programa nacional de atención a las familias de desaparecidos que esté basado en cuatro derechos fundamentales: salud, educación, vivienda y trabajo.

(xvi) Aprobar leyes y reformas judiciales que mejoren la habilidad del Estado para responder a/y prevenir la violencia:

o El Procurador General de la República debe retomar los casos que no tienen avances en los sistemas de justicia de los estados y la Procuraduría debe ser autónoma e independiente.

o Debe aprobarse una Ley de Atención a Víctimas, elaborada en conjunto con la sociedad civil, y bajo la cual estén desarrollados los derechos de las víctimas y se indique a aquellos responsables de asegurar el cumplimiento de esos derechos.

o Debe desarrollarse, consultando a la sociedad civil, una Ley de Seguridad enfocada en la seguridad humana.

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